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San Luis Potosí mantiene responsabilidad financiera y destaca en evaluación de la ASF
San Luis Potosí, México. – Como resultado de la implementación de políticas públicas de finanzas sanas y responsables, el Gobierno del Estado, encabezado por Ricardo Gallardo Cardona, se mantiene entre los ocho estados mejor evaluados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la tercera entrega de resultados de Fiscalización a la Cuenta Pública 2023, presentada ante la Cámara de Diputados.
La Contraloría General del Estado informó que la ASF realizó 20 auditorías a diferentes fondos y programas, de las cuales 14 fueron presenciales y seis electrónicas. En el Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA 2023), se solicitó la aclaración de 33.6 millones de pesos, debido a la falta de documentación en seis municipios: Guadalcázar, Mexquitic de Carmona, Venado, Villa de Arista, Ciudad del Maíz y Axtla de Terrazas.
Se precisó que esta documentación fue requerida en tiempo y forma por el Gobierno del Estado, pero los cambios en las administraciones municipales provocaron inconsistencias en los procesos de Entrega-Recepción. Ante esta situación, la Contraloría General inició Procedimientos de Responsabilidad Administrativa, turnándolos a los órganos internos de control municipales para garantizar la correcta aclaración y ejecución de los recursos.
En cuanto a las auditorías a organismos públicos descentralizados, se revisaron tres fondos y programas, incluyendo subsidios federales otorgados a la Universidad Politécnica de San Luis Potosí, el Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP).
En el caso de la Universidad Politécnica, se identificó un requerimiento de 3.9 millones de pesos debido a la falta de autorización para ejercer ciertos recursos de los Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales (U006). La observación corresponde a un incumplimiento administrativo, sin que esto represente un daño al erario público. La institución contará con 30 días para solventar la observación tras su notificación.
El Gobierno del Estado reafirmó su compromiso con la transparencia y la correcta administración de los recursos públicos, garantizando que los procedimientos de fiscalización sean atendidos conforme a la normativa vigente y asegurando la correcta aplicación de los fondos en beneficio de las y los potosinos.
