Las diputadas federales exigen justicia y prometen vigilancia desde el Congreso ante el caso de Sánchez Zumaya

Con firmeza y desde su posición en el Poder Legislativo, las diputadas federales del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Leonor Noyola Cervantes y Graciela Gaytán, condenaron las irregularidades relacionadas con el empresario potosino Gerardo Sánchez Zumaya, propietario de Petrogesa. Exigieron una investigación exhaustiva sobre los contratos obtenidos por más de 520 millones de pesos a través de Pemex y su presunta red de empresas factureras, denunciadas por operar esquemas de lavado de dinero y corrupción.

“Es inadmisible que alguien se aproveche de sus conexiones políticas para enriquecerse a costa de los mexicanos, como si esto fuera una extensión de la ‘herencia maldita’ en San Luis Potosí. Ahora, bajo el cobijo de la 4T, no puede ni debe haber amiguismos ni protecciones políticas. Si se confirman las irregularidades, exigimos un castigo ejemplar. Este país necesita justicia y transparencia,” declararon.

Ambas legisladoras señalaron que no permanecerán indiferentes ante estos hechos, y que desde el Congreso de la Unión impulsarán acciones para garantizar que la Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) actúen sin sesgos políticos.

“Desde el Poder Legislativo estaremos atentos y presionando por un México distinto, donde no haya lugar para la corrupción. Nuestra responsabilidad es fiscalizar y exigir rendición de cuentas, sobre todo en casos como este, que afectan de manera directa los recursos de todos los mexicanos,” añadieron.

De acuerdo con reportes periodísticos y denuncias documentadas, Gerardo Sánchez Zumaya habría utilizado una red de empresas fantasmas para triangular recursos y evadir responsabilidades fiscales mientras prestaba servicios inexistentes a Pemex. “No es solo un tema económico, es un golpe a la confianza en nuestras instituciones. Por ello, exigimos una investigación transparente y sanciones que sirvan como ejemplo. No permitiremos que nadie quede impune si se ha beneficiado ilegalmente del patrimonio de México,” enfatizaron

Leonor Noyola y Graciela Gaytán afirmaron que este caso representa una oportunidad para demostrar que el país no tolerará la corrupción ni el abuso de poder. “México necesita un cambio real, y el combate a la corrupción es una de las principales demandas de la ciudadanía. Desde el Congreso seguiremos trabajando por un país donde la justicia y la transparencia sean la regla, no la excepción,” concluyeron.

Las diputadas también hicieron un llamado al gobierno federal para fortalecer los mecanismos de transparencia en la asignación de contratos, especialmente en sectores estratégicos como el energético.