Proponen reforma a la Ley de Defensoría Pública para garantizar acceso a la justicia para personas con discapacidad y no hispanohablantes
Es crucial asegurar el acceso a la justicia para todos, especialmente considerando el crecimiento industrial que ha experimentado San Luis Potosí. Para garantizar la asistencia de traductores o intérpretes para personas con alguna discapacidad que afecte su comunicación, así como para quienes no hablan español y no son indígenas, se presentó una iniciativa para reformar varios artículos de la Ley de Defensoría Pública del Estado de San Luis Potosí. Esta propuesta fue remitida para su análisis a las comisiones de Justicia y Derechos Humanos del Congreso del Estado.
La propuesta amplía las responsabilidades del director de la Defensoría Pública, facultándolo para cumplir las órdenes del Coordinador General, asegurando la defensa y protección de los habitantes del estado, de acuerdo con la normativa vigente.
El derecho a la defensa es un derecho fundamental, consagrado en la Constitución de México y en tratados internacionales. Este derecho garantiza que todas las personas tengan acceso a un abogado que defienda sus intereses en procesos judiciales o administrativos, sin distinciones.
Sin embargo, en la práctica, personas con discapacidad o que no hablan español a menudo enfrentan dificultades para acceder a una defensa adecuada, ya que muchas veces no tienen los recursos para contratar un traductor o intérprete, o no saben dónde encontrar estos servicios.
El desarrollo industrial y comercial de San Luis Potosí ha incrementado la migración de personas de otras naciones, lo que ha creado la necesidad de servicios de traducción e interpretación para garantizar su acceso a la justicia.
Según el INEGI, en 2020 había 42,014 personas con discapacidad en San Luis Potosí, representando el 2.8% de la población del estado. De ellas, 11,484 tienen alguna discapacidad que afecta su comunicación, como sordera o afasia.
Esta reforma es urgente para asegurar que las personas con discapacidad y no hispanohablantes en San Luis Potosí tengan acceso a la justicia.
