San Luis Potosí Avanza hacia la Implementación del Sistema de Justicia en Línea

En un importante avance hacia la modernización del sistema judicial, el Congreso del Estado ha aprobado una reforma al artículo 17 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí. Esta reforma garantiza el acceso a la justicia y facilita el ejercicio de los derechos de la ciudadanía a través de la implementación de un sistema de justicia en línea.

La modificación establece que la función jurisdiccional en el estado debe regirse por principios de legalidad, honradez, accesibilidad, transparencia, máxima publicidad y rendición de cuentas. Además, obliga al Congreso del Estado a expedir normativas que permitan a los servidores públicos facilitar el acceso a la justicia para todos los ciudadanos.

El Poder Judicial del Estado, junto con el Tribunal Electoral, el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, y el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, están mandatados para implementar el sistema de justicia en línea. Este sistema utilizará tecnologías de información y comunicación para tramitar juicios y procedimientos de todas las instancias de manera digital, aunque se mantendrán presenciales aquellas diligencias que lo requieran por su naturaleza.

Los artículos transitorios de la reforma especifican que la implementación del sistema de justicia en línea se llevará a cabo de manera gradual, con un plazo máximo hasta el 1 de diciembre de 2026.

“Es imponderable que el acceso a la justicia sea una realidad mediante los avances de la tecnología. Esta justicia digital, o electrónica como se le conoce en otros estados, es un proyecto ambicioso que tomará tiempo, pero es un paso crucial para concretar el ideal de un acceso universal a la justicia”, se menciona en la exposición de motivos de la reforma.

San Luis Potosí se une así a otras entidades como Coahuila, Ciudad de México y Nuevo León, que ya han comenzado a implementar sistemas de justicia digital, reafirmando el compromiso del estado con la innovación y la mejora continua en la prestación de servicios judiciales.