Comisión de Justicia Avanza en la Lucha Contra la Violencia de Género con Nuevos Requisitos Anticorrupción
En una reciente reunión de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado, se tomaron decisiones clave para fortalecer la integridad de los órganos de participación ciudadana y cargos públicos, enfocándose especialmente en prevenir la violencia contra la mujer. Los diputados aprobaron por unanimidad un dictamen que modifica el artículo 17 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, introduciendo requisitos más estrictos para aquellos que aspiran a ser parte del Comité de Participación Ciudadana.
Este nuevo dictamen establece que los aspirantes no deben tener sentencias firmes por delitos que incluyen violencia contra la vida e integridad corporal, violencia sexual, violencia familiar y política en razón de género. Estas adiciones son parte de un esfuerzo más amplio para garantizar que los individuos en posiciones de poder no hayan participado en actos de violencia, especialmente contra las mujeres.
La iniciativa también extiende sus criterios a los candidatos independientes y a aquellos propuestos por partidos políticos para cargos de elección popular, modificando los numerales 92, 199 y 277 de la Ley Electoral del Estado. Esta reforma responde a la necesidad urgente de abordar la violencia contra las mujeres en México, que no solo sigue siendo un grave problema social, sino que también ha visto un aumento en su incidencia y brutalidad.
Lamentablemente, esta violencia en ocasiones ha sido perpetrada por funcionarios públicos y políticos, quienes deberían liderar la erradicación de estos comportamientos inaceptables. Estas reformas buscan restaurar la confianza en las autoridades y asegurar que aquellos en cargos de responsabilidad sean los primeros en cumplir con los estándares éticos más altos.
El dictamen ahora pasará al Pleno del Congreso para su análisis y votación en una próxima sesión ordinaria, marcando un paso significativo hacia la eliminación de la violencia de género y el fortalecimiento de la transparencia y la justicia en San Luis Potosí.
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