San Luis Potosí Endurece Penas contra la Violencia Familiar

En una acción significativa para reforzar la lucha contra la violencia familiar, el Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó reformas al Código Penal estatal, incrementando las sanciones y ampliando la definición de este delito. Las modificaciones establecen que el maltrato físico se considerará explícitamente como violencia familiar, con penas de prisión que ahora serán de uno a siete años, además de una multa pecuniaria de 120 a 700 días de la unidad de medida y actualización, un aumento respecto a las penas anteriores.

Estas reformas también introducen el tratamiento psicológico especializado para los agresores, con el fin de corregir conductas de violencia. Se definen con mayor precisión los tipos de violencia familiar, incluyendo violencia económica, emocional, física, patrimonial, psicológica y sexual, proporcionando una descripción detallada de cada una para asegurar que los actos de violencia sean claramente identificados y sancionados.

Una de las adiciones más importantes es la penalización agravada cuando la violencia familiar ocurre en presencia de menores, hijas, hijos o familiares, aumentando la pena en una mitad. En casos de reincidencia, la sanción se incrementará en una tercera parte entre el mínimo y el máximo establecido.

Además, se establecen sanciones específicas para quienes manipulen a personas adultas mayores con el objetivo de controlar sus bienes, con penas de seis meses a cuatro años de prisión y multas de 50 a 175 días del valor de la unidad de medida de actualización. Esta pena se incrementará si se comete con violencia o si la víctima es un ascendiente del agresor.

El Ministerio Público jugará un rol crucial en la prevención, exhortando a los responsables a abstenerse de conductas ofensivas y, en caso necesario, dictando medidas preventivas que incluyen la prohibición para el agresor de acercarse a la víctima en un radio de al menos 100 metros.

Con estas reformas, San Luis Potosí refuerza su compromiso con la protección de las víctimas de violencia familiar, asegurando un marco legal más sólido y efectivo para combatir este grave problema social.