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UASLP rescindió contrato laboral a dos personas señaladas por acoso
En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) a través de la Defensoría de los Derechos Universitarios (DDU) mantiene firme su política de cero tolerancia hacia la violencia de género. Por lo que, por primera vez en la historia de la institución, fueron rescindidos los contratos laborales de dos personas señaladas de acoso, confirmando así el compromiso de la actual rectoría de atender y sancionar a los responsables de este añejo problema.
En entrevista, la doctora Urenda Queletzú Navarro Sánchez, titular de la DDU, señaló que históricamente en los espacios universitarios no existían las sanciones contra los agresores, sino que simplemente se hacían acuerdos como cambiarlos de áreas o que realizaran otras funciones. Sin embargo, lo que actualmente hace la diferencia es la voluntad desde la rectoría de tener cero tolerancia a estas actitudes, por lo que los encargados de velar por la perspectiva de género han pugnado en consecuencia, evitar la impunidad.
Esta lucha de cero tolerancia a la violencia contra las mujeres, no solamente se lleva a cabo en la UASLP en fechas relevantes como el 8 de marzo o el 25 de noviembre, sino que se trabaja a lo largo de todo el año con proyectos e investigaciones, instalación de Unidades por la Igualdad de Género, actividades académicas, recomendaciones, por citar algunas actividades.
Estas labores dieron inicio en mayo de 2020, con el inicio de la gestión del doctor Alejandro Javier Zermeño Guerra, con la instalación de la Defensoría Adjunta de Quejas y Denuncias, la Defensoría Adjunta de Promoción y Difusión y la Visitaduría General, cuyos tres ejes van encaminados no solamente a promover sino aplicar las políticas de igualdad de género, cero tolerancia a la violencia en cualquiera de sus modalidades y atención y resolución a las denuncias por violaciones a los Derechos Humanos y Universitarios dentro de los espacios universitarios.
En el caso de las protestas pacíficas por el 8M y el 25N, es la Visitaduría la que realiza el acompañamiento y en su caso, investigaciones in situ que deriven de estos ejercicios, siempre manteniendo tolerancia y respeto con las colectivas feministas. También se han mediado conflictos entre comunidad y autoridades y cubierto y documentado “tendederos” de denuncia, como garante de los derechos universitarios a las protestas pacíficas e inicio de investigaciones.
En 2020, la DDU atendió en entrevistas, asesorías, canalización a través de a Defensoría Adjunta de Quejas y Denuncias y seguimiento a expedientes a 158 personas; durante 2021 a 208 y en 2022 la cifra ha llegado a 98. De ello, se han derivado recomendaciones generales, siendo 20 en 2020; ocho en 2021 y en 2022, una. De recomendaciones generales, en 2020 se dieron 20, en 2021 ocho y una en 2022.
Sobre proyectos e investigaciones, en 2020 se inició la construcción de Protocolo de Investigación sobre Violencia en la Universidad; en 2021, se formó el equipo de investigación, construcción de instrumentos y ejecución del Diagnóstico sobre Violencia en la Universidad y en 2022 se hizo el Análisis y presentación del estudio: Violencia en Espacios Universitarios y el sondeo de planes de Estudio Universitarios con perspectiva de Género y Derechos Humanos.
En la mayoría de los espacios universitarios, se han instalado Unidades para la Igualdad de Género, siendo 35 en total, desde el año 2020, donde se reciben quejas y denuncias por violencia de género y violaciones a los derechos universitarios, resultando que en 2020 se recibieron 24 quejas; 10 en 2021 y en 2022, 37.
El modelo de Defensoría, señaló la doctora Urenda Queletzú Navarro Sánchez, ha sido muy bien visto desde fuera de la UASLP, pues desde otros espacios universitarios e incluso de gobierno, se consulta a la DDU y se ha pedido compartir este modelo con la Red Europea de Derechos Universitarios.
Finalmente, de estas acciones de denuncia y seguimiento a las mismas, se han derivado recomendaciones a las autoridades universitarias para la aplicación de sanciones o procesos de justicia restaurativa, siendo 27 en 2020; 35 en 2021 y 40 en 2022.
