Desplazamiento forzado interno en México
El fenómeno del desplazamiento forzado interno en México, si bien cuenta con antecedentes desde la década de los setenta, debido a conflictos armados relacionados con la posesión de tierras, hoy en día adquiere matices intensos y expansivos al vincularse con conflictos relacionados con el crimen organizado en zonas rurales y urbanas, acentuando la violencia y la inseguridad entre la población civil, incluidos niñas, niños y adolescentes (NNA).
Tijuana y Mexicali, en el extremo noroeste de la frontera internacional de México con Estados Unidos, son las ciudades del estado de Baja California que históricamente han sido escenario de paso o de destino de movilidades mixtas, ya sea por sentido de los flujos (en tránsito sur-norte o deportados, repatriados o retornados norte-sur); por nacionalidades; causales, condición y tipos de migración (económica, [in]documentada, con fines de refugio o asilo,) y por grupos de población (NNA acompañados y no acompañados, mujeres, familias, hombres solos, ancianos y comunidad LGBTI).
A partir de 2014 −y más contundentemente en 2015−, se empezó a evidenciar el constante arribo a Tijuana de personas mexicanas huyendo de la violencia imperante en sus lugares de residencia habitual, principalmente de la generada por la operación de organizaciones criminales en entidades como Michoacán y Guerrero. Esto coincide con los estados de mayor recurrencia entre las personas entrevistadas para esta investigación, sugiriendo un patrón estable desde aquellos años. Se trata comúnmente de familias integradas por diversos miembros, la gran mayoría con hijos e hijas menores de edad, e incluso con representantes de tres generaciones, que se enfrentan a amenazas, extorsión y riesgo.
Este estudio tiene como objetivo identificar las necesidades de la infancia y adolescencia en materia de educación, seguridad y salud, así como la atención recibida por parte de la sociedad civil y del gobierno, se presentan posteriormente sus condiciones de vida en los albergues de las ciudades antes mencionadas. Destaca el punto de salud mental como uno de los pendientes de mayor peso, encontrando en las narrativas de NNA y personas encargadas de su tutoría una sostenida percepción de conmoción, inseguridad y miedo.
El informe cierra con conclusiones y recomendaciones. En particular, se observó que cuando niñas, niños y adolescentes se ven obligados a dejar su lugar de residencia habitual a causa de la violencia, en cualquiera de sus manifestaciones, se vulneran sus derechos humanos en una reacción en cadena que atraviesa su seguridad, sus posibilidades educativas, su salud e incluso su construcción identitaria y su sentido de pertenencia, al desprenderse abruptamente de su círculo cotidiano de vida.