INE-SLP y Congreso revisan tema de revocación de mandato
De cara a la celebración del Proceso de Consulta para la Revocación de Mandato del Presidente de la República electo para el período constitucional 2018-2024, que tendrá verificativo el próximo 10 de abril de 2022, este día el Delegado del Instituto Nacional Electoral en San Luis Potosí Pablo Sergio Aispuro Cárdenas, se reunió con los integrantes del Congreso del Estado, con la finalidad de revisar los detalles de este proceso y lo relativo a la veda electoral.
En primer término, se refirió a los detalles del Proceso de Revocación de Mandato, respecto a las particularidades y alcances que tendrá el instituto durante la organización de este ejercicio.
Detalló que, a pesar del recorte presupuestal al INE, se realizará el ejercicio mandatado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aunque con la instalación de aproximadamente el 33% de las casillas en comparación a las instaladas en el pasado Proceso Electoral Federal de 2021, un menor número de funcionarios de casilla y por ende menos supervisores y capacitador/as asistentes electorales.
“El INE generó ahorros y en este momento contamos con 1,567 millones de pesos para poder cumplir con el mandato constitucional, por ello se instalarán menos casillas, pero lo haremos de manera estratégica para que la ciudadanía pueda acudir”.
Posteriormente, en presencia de diputados de las diversas bancadas parlamentarias, se refirió al tema de la veda electoral y reiteró que la suspensión de propaganda gubernamental comprende desde el cuatro de febrero al diez de abril de 2022, con fundamento en los artículos 35, fracción IX, párrafo 7° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 33, párrafos 5 y 6 de la Ley Federal de Revocación de Mandato.
“Las actividades del Poder Legislativo continúan en beneficio de la población, sin embargo, no deben difundirse a modo de propaganda gubernamental por ningún medio de comunicación social en atención al artículo 134 constitucional”.
Por último, recordó que este ejercicio implica la suspensión de todo tipo de propaganda y publicidad gubernamental, con excepción en servicios educativos y de salud o las necesarias para la protección civil en caso de emergencia.
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